Abogados en delitos contra el orden público en Barcelona

Delitos relacionados con el orden público en Barcelona
Delito de Atentado a la autoridad
Tenencia ilícita de armas
Delito Organización y grupo criminal
Resistencia y desobediencia a la autoridad
Desórdenes públicos
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Despacho de Abogado experto en delitos contra el orden público en Barcelona
En Lerma Vallverdú, somos abogados especializados en la defensa de delitos contra el orden público en Barcelona, brindando un enfoque personalizado y cercano para cada cliente. Nuestro despacho cuenta con una sólida experiencia en la defensa de casos delicados como atentado a la autoridad, tendencias ilicitas de armas, desórdenes públicos, entre otros.
Ofrecemos un servicio completo que abarca desde la asesoría inicial hasta la representación en juicio, asegurando que cada etapa del proceso sea abordada con la máxima atención. Nuestro compromiso como abogados penalistas es proteger tus derechos y minimizar las posibles consecuencias legales, garantizando un trato profesional y respetuoso en todo momento.
Preguntas frecuentes para delitos contra el orden público
Los delitos contra el orden público incluyen actos como alteraciones graves de la paz social, resistencia o desobediencia a la autoridad, y pertenencia a organizaciones criminales. Estas acciones pueden amenazar la seguridad ciudadana o el ejercicio de funciones públicas.
Las penas dependen de la gravedad del delito, oscilando entre multas económicas y prisión, que puede variar desde meses hasta años. Circunstancias como reincidencia o violencia agravan las sanciones.
Es fundamental recopilar pruebas, analizar los hechos y contar con representación legal experta. Un abogado especializado puede evaluar la acusación y buscar posibles atenuantes o una resolución favorable.
El acusado tiene derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo, a presentar pruebas y a contar con asistencia legal. Nuestros abogados puede garantizar que estos derechos sean respetados.
Sí, las personas jurídicas pueden ser responsables si se demuestra que sus actividades o negligencias facilitaron delitos como corrupción o fraude. En estos casos, las sanciones incluyen multas e inhabilitaciones.
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